Mientras los medios de comunicación concentran su atención en el dólar y las paritarias, temas de notable importancia que afectan a grupos sociales que cuentan con algún tipo de integración al mercado formal de trabajo, el Estado Nacional acaba de completar la primera etapa de inscripción de "Ellas hacen", el nuevo componente del Programa de Ingreso Social "Argentina Trabaja". En esta fase de implementación, esta política prevé la inclusión de cien mil personas que integran uno de los núcleos más duros de la pobreza en Argentina: se trata de mujeres solas, desocupadas, con tres o más hijos, que viven en asentamientos y villas de emergencias del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, cuyo único ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH). En su primera etapa, "Ellas hacen" tiene como objetivos la terminalidad educativa y la capacitación en oficios de las mujeres, para luego iniciar un proceso de cooperativización y asignación de obras de mejoramiento de las viviendas y los barrios. Las próximas etapas del Programa apuntan a su expansión territorial, priorizando aquellas regiones con mayores índices de pobreza y exclusión.
Dado que no es sencillo articular la intervención conjunta de diversos organismos públicos, es destacable que la implementación de "Ellas hacen" comprende el trabajo articulado del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a cargo la ejecución, con los Ministerios de Educación, Seguridad, Interior y Planificación Federal, ANSES y diversas Universidades, como también las instituciones locales, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, que son convocadas a participar de los diversos aspectos del Programa. En particular, el Consejo de la Mujer aborda una de las problemáticas más extendidas entre las mujeres pobres, como es la violencia de género.
De este modo, “Ellas hacen” viene a profundizar la dirección política de dos medidas centrales del kirchnerismo orientadas a los sectores con problemas estructurales de acceso al trabajo: la AUH y "Argentina Trabaja". Ambas medidas no hubieran podido efectuarse sin una de las más importantes decisiones políticas de esta última década: la estatización de los recursos previsionales, que habían sido apropiados por los grupos financieros. En este sentido, mientras el discurso ONGeísta, en consonancia con los organismos internacionales de crédito, hace suya la consigna de “luchar contra la pobreza”, como si se tratara de una “enfermedad” o un “flagelo”, las políticas sociales de los gobiernos de Cristina Kirchner se destacan no sólo por haber alcanzado a clases sociales olvidadas por el accionar estatal, sino también por haber puesto de manifiesto que la pobreza es consecuencia de un conjunto de relaciones sociales e históricas que la han hecho posible, de modo que su disminución supone necesariamente capturar recursos antes apropiados por sectores que ocupan un lugar destacado en la distribución de la renta nacional.
Mientras la AUH significó un cambio profundo en materia de política pública, porque garantizó un piso mínimo de derechos a todas las familias de los sectores vulnerables y porque abandonó la tan extendida idea neoliberal de que las políticas sociales debían consistir exclusivamente en herramientas focalizadas para contener las situaciones "puntuales" de exclusión de los individuos que no alcanzan la calificación que exige el mercado, los efectos distributivos de "Argentina Trabaja", del cual la iniciativa “Ellas hacen” es una de sus últimas especificaciones, han sido menos difundidos.
La historia del Programa "Argentina Trabaja" se remonta al año 2009, cuando el índice desocupación del sector metropolitano ascendía al 10%, y en algunas localidades del Conurbano alcanzaba el 18%. En ese marco, el gobierno nacional lanzó el Programa de Ingreso Social con Trabajo, justamente para atender estas situaciones de desempleo estructural, en un contexto de crisis económica mundial. Sin embargo, desde su inicio, sus objetivos exceden la percepción de un ingreso a cambio de una contraprestación laboral, en tanto apuntan a la organización social cooperativa, objetivo político que, como puede apreciarse, este gobierno persigue desde hace mucho tiempo.
En efecto, la integración de las personas a una cooperativa permite transitar colectivamente las problemáticas personales y sociales que recrean las situaciones de exclusión, ya sea que se trate de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo como de aquellos jóvenes de los sectores populares que buscan su primer empleo. Asimismo, el Programa comprende una primera fase de capacitación en oficios, definidos en función de los saberes previos y los intereses de las personas y, en una segunda etapa, supone la asignación y ejecución de obras públicas de complejidad creciente orientadas al mejoramiento y saneamiento urbano de los barrios, a partir de las necesidades identificadas por la propia comunidad.
En este marco, se han creado 5.000 cooperativas que significan 150.000 puestos de trabajo, alcanzando de manera directa e indirecta a medio millón de personas. Se realizaron obras de saneamiento urbano, forestación, pintura de vía pública, banquinas, veredas, construcción de rampas para discapacitados, reacondicionamiento de edificios públicos y comunitarios, alambrados, cartelería, alcantarillas y entubamientos, se fabricaron casi cien mil metros cuadrados de pavimento y miles de productos de herrería comunitaria como cestos, bancos, rejas y columnas de alumbrado. Por otra parte, más de 120.000 personas accedieron a la red de cloacas y agua potable a partir de las obras que llevaron a cabo las cooperativas. En cuanto a la terminalidad educativa, a través del componente "Argentina trabaja, enseña y aprende", implementado en conjunto por el Minsiterio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, 100.000 personas se encuentran cursando sus estudios primarios y secundarios y otras 130.000 terminarán durante este año sus estudios. A su vez, el Programa comprende la línea "Argentina se expresa" que trabaja en aspectos de integración y promoción cultural de las personas y los barrios.
De este modo, estas políticas públicas articulan intervención estatal y organización social para abordar aquellos problemas estructurales como la pobreza. ¿Cuáles son las propuestas de la oposición partidaria en materia de política social? Las voces más reaccionarias han tildado a las políticas de seguridad social como “subsidios a la vagancia”; otras, que se pretenden “progresistas”, han relativizado el valor de los programas de ingresos bajo la idea –atravesada por un sorprendente déficit de historicidad- de que no constituyen trabajo genuino. Más allá de estas críticas, la única política que ha confesado tener un importante sector de la oposición es la devaluación, que en el marco de nuestra economía no es otra cosa que el subsidio por parte de los pobres de la riqueza de los ricos.
Soledad Guarnaccia.
