“Con la nueva Ley de Medios, la democratización de la palabra es irreversible”

María Seoane lo dice: “El premio ETER a la mejor programación que ganó Radio Nacional fue un acto de justicia.” Y no habla de ella, directora de la emisora desde agosto de 2009. Lo dice Seoane, entonces, por la lista de nombres que recita con admiración: “La radio tiene a Larrea, Dolina, Apo, Ulanovsky, Aliverti, Anguita, Wainfeld, a Víctor Hugo…” Lo dice durante una hora de entrevista. Un diálogo con una intelectual, autora de una decena de libros –algunos de ellos biografías memorables como la del líder guerrillero Santucho o del genocida Videla– en el que analiza el presente de la radio pública y la corporación mediática. También la irrupción del fenómeno popular que se expresó durante los festejos del Bicentenario, esa masiva participación ciudadana que se buscó invisibilizar desde la prensa hegemónica, un fenómeno que tuvo su correlato en la espontánea movilización de un pueblo que despidió los restos del ex presidente Néstor Kirchner. Seoane habla de identidad.
Pero primero, lo primero: el reconocimiento de ETER  a la radio. Continúa: “El premio es histórico. Desde lo personal, puedo decir que es una coronación de mi carrera profesional. La radio ha crecido no solamente porque existe un Estado que comprende la necesidad de reformularse en función del interés colectivo, sino porque hay una dirección política en el Estado. El destino de Radio Nacional es siempre el destino del Estado. Si el Estado es jaqueado y liquidado, Radio Nacional es jaqueada y liquida. Hoy hay una dirección en RTA –Radio y Televisión Argentina–, con Tristán Bauer, y un directorio creado por la nueva Ley de Medios de la democracia, que cree que se puede hacer periodismo y buena comunicación con calidad desde lo público.”
Pero más allá de los premios que obtuvo la radio en las últimas semanas, el de ETER y los dos en la Bienal de México –uno para el equipo de investigación por su trabajo El poder de la trata, y el otro para el ciclo de radiodramas de no ficción Secretos argentinos–, Nacional ha crecido en audiencia, ya está entre las emisoras más escuchadas. En agosto de 2009 tenía un share de 2,2, y hoy está en el 7,5. Sostiene Seoane: “Se debe, sin dudas, al talento de sus profesionales, de sus trabajadores, pero además a un cambio de paradigma en la sociedad.”
 –¿Puede explicar el significado de ese cambio de paradigma y cómo se tradujo en crecimiento para la radio?
–La supremacía de la comunicación privada, la comunicación corporativa, hace que la sociedad necesite en el marco de una democratización más grande de la información otras alternativas. Y esa batalla cultural que se ha comenzado a dar, se dio durante 2010, se expresó claramente en los festejos del Bicentenario, y está dada en el marco de popularidad que tiene la radio entre los oyentes, la fidelidad, hay oyentes que clavan la sintonía en Nacional y es lo único que escuchan. Eso no pasa con otras radios. Y hay otro tema que está en discusión: hay una forma muy burda de decir despectivamente que los periodistas somos oficialistas. Qué podemos ser sino oficialistas. Qué puede ser el conjunto de la sociedad argentina que votó a un gobierno mayoritariamente para que lo represente y ese gobierno dirige el Estado que sostiene Radio Nacional, sino oficialista. Pero esto no quiere decir que las minorías políticas no tengan voz, cuando aceptan participar.
–¿Por qué aclara “cuando aceptan participar”?
–Porque desde marzo, por ejemplo, hemos estado llamando reiteradamente al vicepresidente Julio Cobos y nunca aceptó hablar con Nacional. Siempre responde con evasivas para no salir. Lo mismo pasa con la doctora Carrió, lo mismo con la jefa de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada Silvina Giudici. Ellos se rajan las vestiduras diciendo que son republicanos y la verdad es que son absolutamente autoritarios, y por otro lado violadores de la Constitución, porque en verdad, la situación es grave. El RTA se compone por representantes del gobierno, y de la primera, segunda y tercera minoría parlamentaria. La primera es el Frente para Victoria, pero están las otras dos que nunca mandaron sus representantes. Están en rebelión con una ley del Estado. No es posible creer en un discurso institucional de esos sectores de la oposición, son sectores a los que considero golpistas porque no se someten a las leyes del Estado y usan un discurso engañoso. Cuando ellos hablan de oficialismo, vale aclararles que es absolutamente constitucional que en la radio pública seamos oficialistas. ¿Por qué? Porque la sociedad votó al gobierno para que lo represente y administre el Estado, en consecuencia nuestra posición es constitucional. Y este es un tema que no es menor, son argumentos centrales de la batalla cultural: los argentinos deben tener una radio que administre el Estado, hay que tener una voz pública.
–Pero la crítica más usual es que los medios públicos deben ser del Estado y no del gobierno.
–Ese argumento fue reproducido durante años por las corporaciones mediáticas porque el Estado no ha tenido gobiernos con una voz potente, determinante, como tiene hoy. Las corporaciones sí son goebbelianos: miente, miente que algo queda. Y es así que han convencido a muchos de que ser oficialistas es ilegal. No lo es. Es lo que tenemos que hacer.
–Otra paradoja que se acentuó por estos días con el encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es la queja permanente que esos medios hacen sobre una supuesta falta de libertad de expresión, y lo hacen a diario precisamente desde los mismos medios que dicen ver amenazadas su libertad para expresarse.
-Aclaremos: la SIP es una corporación empresaria que habla de libertad de expresión cuando se afectan sus intereses económicos, con lo cual es poco creíble que se arrogue la libertad de expresión cuando ese es un tema de los periodistas. Esto también se encuadra dentro del paradigma del que hablábamos. Durante muchos años, en América Latina, por ejemplo, los periodistas han luchado contra Estados autoritarios, cuando el Estado era una amenaza, y eso cambió. Hoy, el Estado garantiza la libertad de expresión. Hace leyes para garantizarla, como fue el caso de ponerle fin al delito de calumnias e injurias. ¿Entonces qué es lo que queda? Por un lado, el ejercicio de la profesión en medios públicos en un Estado que ha abolido las trabas. Y por otro lado están las corporaciones mediáticas que obligan cada vez más a sus periodistas a transformase en prenseros de sus intereses corporativos. Y esto también tiene una explicación histórica: las empresas periodísticas se han convertido en un holding cuyos principales intereses no son la comunicación. Eso, por ejemplo, se vio muy claro en la posición que adoptaron Clarín y La Nación durante el debate de la 125, porque tienen negocios vinculados al agro. Sistemáticamente la información que dieron durante ese conflicto era sesgada, tenía intereses concretos. El mayor problema es que los ocultan detrás del supuesto de la libertad de expresión. El otro ejemplo es reciente: el domingo pasado fue el día de los canillitas y Clarín, Perfil y La Nación regalaron sus diarios. Entonces el problema no es sólo económico, el tema es el poder. Y el poder se dirime en la cabeza de los argentinos. Por eso la cuestión es quién tiene o debe tener más poder, si las corporaciones mediáticas o el Estado que representa a todos los argentinos.
–Ahí, en ese punto, radica un de los ejes centrales de lo que usted define como batalla cultural.
–Sí, y es de una enorme trascendencia. Vaticino que desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y de la técnica, la Ley de Servicios Audiovisuales es imparable. Es como hablar del surgimiento de la burguesía y el fin del feudalismo: los cambios en el modelo de acumulación, en las fuerzas productivas, implicaron que el estamento de la sociedad feudal debía morir. Hoy la apropiación del sentido, de los contenidos, por parte de las corporaciones mediáticas, actúa de la misma forma en que actuó el feudalismo con la burguesía, y su final también es imparable. El proceso ya está en marcha. Con la nueva Ley de Medios, la democratización de la palabra es irreversible, y ya llegó. Cuando se ponen palos en la rueda de la ley sólo se trata de ganar tiempo y dinero. Como lo hicieron los sectores más concentrados durante 30 años de neoliberalismo en el país. Con la muerte de los argentinos, con la destrucción del Estado y del país, ganaron 30 años de tiempo y mucha plata. No hacemos mal en decir que el futuro ya llegó.
–¿Cómo se prepara Radio Nacional para enfrentar ese nuevo escenario comunicacional?
–Lo primero que hay que hacer es reparar el saqueo y el olvido. Ubicar a la radio en un lugar de voz de los argentinos invisibilizada por las corporaciones mediáticas, porque las corporaciones no silencian a las minorías sino a las mayorías. Es antidemocrática la comunicación corporativa. Una de las cosas que se viene con la ley, que es fantástica, es que las empresas que se dedican a la comunicación no tengan una integración con el mercado económico como sucede hoy, que tienen intereses en el negocio financiero, de los bancos, en el petróleo. Las empresas de comunicación en el futuro deberían estar vinculadas de manera vertical sólo al área de la comunicación. Si no es una irrealidad.
 –Quizás hoy, como nunca antes, queda al descubierto en algunos medios todo el sistema de negocios que van más allá de lo comunicacional. Los intentos de Clarín por instalar desde sus tapas una agenda que no hace más que exponer sus intereses son notorios. Es hasta burda la manipulación.
–Así es, porque si en el título de un diario se dice que hubo coimas en Diputados durante el debate del presupuesto, un argentino no tiene formas de comprobarlo porque está siempre mediatizado. Se busca instalar la sospecha en el poder político. La antipolítica es algo que a las corporaciones les funcionó siempre. Porque la política implica control, implica, de alguna manera, repartir equitativamente el poder. Instalando la sospecha de que hubo sobornos en el debate del presupuesto sólo quieren perjudicar a la sociedad argentina. ¿Cómo? Para que no haya aumento de salarios, que se restrinja la Asignación Universal por Hijo, que no se pueda pagar la deuda. Lo que intentan es perjudicar, pero revistiendo de moral esa decisión. Es lo mismo que con el Indec. Es cierto que hay que corregir el Indec, pero nunca dicen la verdad, nunca dicen que el Indec fue intervenido –malamente, tal vez, porque el método no era ese– porque ahí adentro había grupos de lobbistas que le pasaban información de los bonos a los acreedores externos, cobrando por eso, en contra del Estado argentino.
–Durante 2010 hubo dos fenómenos de participación popular que quedarán registrados en la historia: los festejos del Bicentenario y las exequias de Kirchner. ¿Qué análisis hace de ambos?
-La radio pública transmitió en directo desde el paseo del Bicentenario. La pregunta que me hago es qué es lo que apareció ahí. Por muchos años nos intentaron convencer que la Argentina no tiene identidad, que su identidad es difusa, melancólica. Y no es verdad: lo que apareció en el Bicentenario fue una Argentina con una identidad y una historia muy nítida, compartida, una Argentina plebeya, la Argentina del siglo XX, de los derechos económicos, políticos, sociales, que dejó atrás el Centenario, que dejó atrás para siempre el país de las minorías para dar paso al de las mayorías, y con un relato histórico que fue el que vimos en el desfile de Fuerza Bruta. Todo eso mezclado con una profunda emoción de los argentinos. Algo se cristalizó ahí. Esa emoción vinculada a la comprensión cultural y política de aquello que nos hizo bien y de lo que nos hizo mal. De eso no se vuelve. Por eso lo que pasó con la muerte de Néstor Kirchner fue poner en evidencia de nuevo ese fenómeno. ¿Quién fue Kirchner: el malo de la película, el hombre que había llegado al poder porque era un ambicioso al que sólo le interesaba el poder y el dinero, o el tipo que hizo posible salir de la crisis y ampliar tremendamente las fronteras de la democracia, el hombre que más institucionalizó la Argentina en los últimos 25 años, que amplió derechos? Y esa es la verdadera institucionalidad. No la vacía de la que hablan los republicanos, y que después votan a favor de las corporaciones. La institucionalidad se basa en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Y lo único que hizo Kirchner con los derechos, y que siguió Cristina, fue ampliar y reparar derechos conculcados a los jubilados, a los diversos sexos, a los pobres de toda pobreza,  impulsó una Corte Suprema independiente, dio  más presupuesto para la ciencia, para la educación. Derechos que se expresaron como gloriosos en la fiesta del Bicentenario. Lo que pasó en el Bicentenario y con la muerte de Kirchner tiene una sola línea histórica, que son las líneas más profundas de la historia, esas que no se ven fácilmente, que sorprenden cuando aparecen. Son como los ríos profundos de la historia que sólo emergen en momentos determinados, pero son decisivos. Porque ocurren muy pocas veces, pero cuando ocurren se produce una fusión política en la historia. De ahí no se vuelve atrás, excepto con una masa de violencia como el golpe del ’76. Pero la Argentina no va para ese lado. No vamos a retroceder.

El aumento a jubilados y la creación de empleo, en riesgo por la oposición

No se trata sólo de una mala estrategia política por parte de la oposición la de entorpecer el tratamiento y poner en riego la sanción de la Ley de Presupuesto para 2011. No se trata ni siquiera de una pulseada entre el Grupo A en el Parlamento más el Proyecto Sur contra el gobierno nacional por ver quién tiene posibilidad de marcar la cancha en términos de gobernabilidad para un año complicado, por las elecciones presidenciales de 2011. El problema, una vez más, es cuestión de modelos económicos y sociales. El Presupuesto ideado por el Poder Ejecutivo está centrado fundamentalmente en dos ejes: cancelación de deudas a través de los fondos que maneja el Banco Central a través de sus reservas, y generación de empleo a través de la obra pública.
Lo que pone en riesgo la oposición, entonces, no es sólo el futuro político del gobierno de Cristina Fernández sino también la posibilidad de llevar adelante un plan de desarrollo económico que contempla una inversión de 33.300 millones de pesos y que entre otras cosas incluye:
• Los 380 mil puestos de trabajo que genera la obra pública
• La construcción de 7400 proyectos planeados para concluir el año próximo, como Atucha II y un reactor nuclear multipropósito, inversiones claves en energía nuclear estratégica para el desarrollo energético argentino.
• 120 mil viviendas sociales y mejoras en otras 110 mil unidades que beneficiarían a 1.250.000 personas,
• 1200 kilómetros de autopistas, entre ellas la autovía 14 (Gualeguaychú-Paso de los Libres, la Circunvalación de Rosario, las rutas nacionales número 7 (en dos tramos) y 3 (entre Trelew y Puerto Madryn), el Camino del Buen Ayre.
• La finalización de los trabajos en 27 hospitales (el Materno Infantil Rafael Castillo, de La Matanza; el de Laferrere; el Municipal, de Morón; el Posadas, de Haedo; de Tigre; de Gualeguaychú, el Río Grande, de Tierra del Fuego y el de niños de Jujuy, entre otros, y la construcción de otros cinco hospitales nuevos: Cañuelas, el provincial de pediatría en Misiones, el nuevo central de Pilar, el de San Fernando, el municipal de Marcos Paz, la remodelación del Larcade, de San Miguel.
• Pondría en peligro un porcentaje del financiamiento de la Asignación Universal por Hijo que beneficia a 3,4 millones de niños y adolescentes, el doble aumento a jubilados y trabajadores del Estado pautado por el Estado anualmente.
• Impediría la ejecución de obras que beneficiarán a 260 localidades de 20 provincias con el acceso igualitario al servicio de gas natural.
• Obras hídricas como la de la cuenca del Río Salado, la del Matanza-Riachuelo y distintos planes de saneamiento de arroyos del interior de la provincia de Buenos Aires. La Planta de Tratamiento Cloacal de Berazategui y la Planta Potabilizadora del Paraná de las Palmas.
• Obligaría al Estado a tomar deuda en el mercado internacional, quebrando así una tradición de soberanía financiera que caracteriza a esta gestión desde el año 2003; y aumentando el gasto, ya que obligaría a la Argentina a tomar préstamos, como en los años 1989-2002, a tasas usurarias.
La jugada del jueves por la madrugada de obligar a levantar la sesión en medio del escándalo por supuestas denuncias de corrupción por parte de Elisa Carrió, líder de una oposición desleal –aquella que pone en riesgo el normal desempeño de las negociaciones democráticas– junto con la complicidad mediática de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, cuya estrella se va consumiendo de a poco en función de la impopularidad a la que está sometiendo a su diario, no significa otra cosa que jugar con el futuro político, económico y social de todos los argentinos. Intentar acogotar financieramente a un gobierno remite, inevitablemente, a la estrategia que utilizó Domingo Cavallo en 1989 para desestabilizar el gobierno de Raúl Alfonsín.
El modelo económico planteado por el gobierno nacional es sencillo. Se trata de inyectar demanda –dinero en el bolsillo de los trabajadores– para mantener en funcionamiento el círculo virtuoso de la economía: el mayor consumo produce mayor producción, y por lo tanto un aumento en la inversión y por consiguiente un aumento en los niveles de empleo. La meta del pleno empleo no es sólo una cuestión macroeconómica si no también política e ideológica. La desaparición del ejército de reserva –desocupados– que mantuvo el neoliberalismo en los noventa como método de disciplinamiento de los sectores populares es una garantía para que los sectores del trabajo puedan mejorar en las negociaciones paritarias no sólo sus salarios sino también las condiciones laborales pauperizadas en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con las leyes de flexibilización laboral. Es por eso que poner en riesgo la obra pública del Estado es sinónimo de jugar con el modelo neokeynesiano de intervención pública para corregir las nefastas consecuencias que produjo el mercado desatado.
Todo indica que la Unión Cívica Radical colaborará con aprobar finalmente el miércoles el presupuesto planteado por el Ejecutivo, como indica la racionalidad política y el acuerdo de gobernabilidad que se mantiene desde 1990. Hay varias razones para llegar a esta conclusión: tres provincias dependen de la “ley de leyes” –Catamarca, Corrientes y Río Negro–, pero, además, una verdadera vocación de poder lo obliga a pactar con el gobierno. Si cree que tiene posibilidades de ganar en las elecciones de 2011, debe asegurarse de alguna forma que el supuesto Presupuesto del año 2012 pueda ser consensuado y que un posible peronismo en la oposición le pague con la misma moneda. Pero si esto no bastara, los líderes de la UCR deberán sopesar serenamente el costo político de obstaculizar la gobernabilidad a la presidenta en un momento como el actual. Nadie podrá dejar de pensar que se trató de una puñalada trapera en un momento de profundo dolor personal por parte de la primera mandataria, que hoy cuenta con un alto porcentaje de imagen positiva. Es decir, si no se trata de una cuestión de ética de la responsabilidad, deberán echar mano a la fría especulación de las encuestas para actuar con responsabilidad política.
Se podrán discutir, claro, las pautas macroeconómicas como los puntos de crecimiento o de superávits, el índice de inflación, el valor del tipo de cambio del actual modelo presupuestario presentado por el gobierno, se podrán incluso discutir la utilidad o no de ciertas obras públicas proyectadas por el Ejecutivo. Pero no aprobarlo es quebrar la lógica de acuerdos políticos de la democracia. El gobierno tiene todavía un último recurso: el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional dispone que podrá utilizarse el presupuesto del año anterior y faculta al jefe de Gabinete para hacer las reformas necesarias. Esto generaría cierta dificultad, pero no pondría en peligro la gobernabilidad. Lo que sí dificultaría es la proyección de las obras públicas de las que podrían disfrutar millones de argentinos. Atentar contra el Presupuesto es, en cierta manera, atentar contra esos beneficios.

Mañana la ONU realizará una sesión especial para recordar a Kirchner

Con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se llevará a cabo mañana una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para rememorar y homenajear al ex presidente argentino y secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, anunció el embajador argentino ante ese organismo, Jorge Argüello.