La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, para permitir la ampliación de sus miembros y la elección popular de los consejeros.
La iniciativa fue aprobada por 38 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria y fuerzas afines, como Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino y fue rechazado por 30 legisaldores de la UCR, FAP y el peronismo disidente.
El Senado abrió el debate a las 15 sobre las reformas introducidas por diputados para que la Corte se ocupe de la administración de los recursos del Poder Judicial y del personal, que tendrán determinados lineamientos.
Estos cambios obligaron a reformular varios artículos de este dictamen y cambiar el proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, que también se aprestaba a aprobar el Senado, pero no será ley ya que deberá ser girado en segunda revisión a Diputados.
De todos modos, la discusión en el Senado volvió a estar centrada en si era constitucional o no la elección directa de los jueces, abogados y académicos, que hasta ahora realiza a través de sus propias entidades.
Pero la reforma del cuerpo colegiado no solo establece la elección de los miembros del consejo, sino que permite designar jueces subrogantes, hacer concursos preventivos, y establece que un juez podrá ser designado con mayoría absoluta o suspendido, pero para poder producir su remoción requerirá el aval de los dos tercios de sus integrantes.
En el cierre del debate, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, aseveró que “los tribunales van a seguir funcionando, no habrá ningún tipo de situación anómala, nadie va a poder controlar a los jueces que van a seguir funcionando con independencia y autonomía”.
“En la Argentina no se persiguen jueces, no se ataca a jueces y fiscales en la calle, como ocurre en otros países. Acá hay una intención de distorsionar las miradas. Se juega con la inocencia de la gente. Con una comunicación artera”, sentenció el senador rionegrino.
De esta forma, Pichetto respondió las acusaciones de la oposición sobre que este proyecto busca controlar a los jueces y no respeta la división de poderes que fue formulada por el radicalismo, el peronismo disidente y el FAP.
Desde el radicalismo, el mendocino Ernesto Sanz dijo que el proyecto impulsado por el Ejecutivo "cambia las reglas del juego" y volvió a reiterar que a su juicio es "inconstitucional".
"Se han cambiado las reglas de juego y fruto de ese cambio, el que gana la elección va a manejar el proceso de selección de jueces", señaló.
Previamente, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes, afirmó, al abrir el debate, que "no está en peligro la república" y dijo que las acusaciones lanzadas por las fuerzas políticas de la oposición fueron hechas "por la cercanía del acto electoral".
A su vez, la justicialista disidente Sonia Escudero, criticó la iniciativa y dijo que "lesiona la garantía del juez imparcial" y dijo que afecta "la división de poderes".
El senador del Frente Amplio Progresista, el bonaerense Jaime Linares, destacó la ley es “un atentado a la separación de poderes y a la independencia de la Justicia”.
“Cuando nos toque gobernar en 2015, vamos a anular esta ley”, anticipó Linares.
Otro punto que estuvo presente en la sesión fue la declaración de la relatora de la ONU, Gabriela Knaut, y en ese sentido el senador bonaerense Aníbal Fernández, dijo que "jamás intentó tener un diálogo con el gobierno”.
Al finalizar el debate del consejo de la Magistratura, los senadores se aprestaban a convertir en ley los proyectos de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios, y de las resoluciones de la Corte y de los tribunales de segunda instancia.
Y también aprobar, pero con reformas, el proyecto de acceso a la carrera judicial, con lo cual deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.
