En estos momentos, representantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referentes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo social, la AFIP y otras fuerzas de seguridad realizan 69 allanamientos simultáneos en diez provincias del país. Es en el marco de una investigación vinculada a una red internacional de trata para la explotación laboral que involucra, en su mayoría, a ciudadanos colombianos. Los allanamientos empezaron hoy a las 9 de la mañana y se extenderán durante todo el día para desbaratar una red internacional. Se trata del operativo más grande de trata, pero se sospecha que además tendría vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una víctima de nacionalidad colombiana. Había llegado al país con la promesa de un trabajo y terminó en una fábrica de canastos artesanales donde era explotada laboralmente. A partir de los dichos de esta víctima que logró escapar, el fiscal federal cordobés Enrique José Senestrari inició una investigación judicial y sumó a la denuncia la información aportada por la delegación cordobesa de Migraciones. Desde allí le habían informado que en 2012 ingresaron al país tres mil colombianos que declararon como su actividad principal la de ser artesanos. Todos suministraban como domicilio la misma dirección.
A los “artesanos” colombianos se los solía ver en los barrios del conurbano vendiendo muebles con armazones de metal y madera, en carretilla o en bicicleta. Ofrecían roperos con espejos, cómodas y aparadores. También recorrían las provincias: Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco y Tucumán. En ellas se están realizando en este momento 69 allanamientos simultáneos, en galpones y viviendas donde los colombianos fabricaban los muebles y también dormían. Todos los colombianos vivían donde trabajaban, y después salían a vender. Muchas de las víctimas habían llegado al país sin saber a qué actividad se iban a dedicar.
Eran retenidas con la promesa de un pago que nunca llegaba. Se les decía que estaban en una falsa "cooperativa". Los artesanos iban casa por casa ofreciendo los muebles que rondaban entre 600 y 900 pesos. Daban la posibilidad de un financiamiento en cuotas mensuales, quincenales o semanales. Una vez abonado un pago inicial, un cobrador –en moto o en camioneta- pasaba periódicamente por la casa del cliente a cobrar la cuota. Pero había una cláusula inflexible: si el comprador se atrasaba con el pago, la “empresa” retiraba el mueble y se quedaba con lo abonado por el tiempo de uso, gastos de movilidad y logística.
En la investigación preliminar el fiscal Senestrari pudo seguir una pista: la cinta plástica con la cual se confeccionaban todos los muebles que se vendían en los barrios de múltiples ciudades, era importada por una fábrica ecuatoriana. Entraba la mayoría de las veces por Chile, y a veces por Bolivia. Una única persona hacía entrar al país esa cinta. Además de los allanamientos, el fiscal pidió 17 detenciones, entre los que estaría una familia colombiana que funcionaba como nexo para reclutar y engañar a las víctimas, y traerlas al país. Uno de ellos iba y venía a en busca de la recaudación.
En el operativo intervienen también Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y equipos de Asistencia a la Víctima de las provincias de Salta, Mendoza, Santa Fe y Misiones. Cuenta con la colaboración de Migraciones. Según la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, desde 2008 abril de 2013 se han rescatado un total de 4757 víctimas, en el marco de 2193 allanamientos. Más de la mitad de esas víctimas (51%) es por explotación laboral. El 54% de las víctimas rescatadas son extranjeras, es decir, 2591 personas. Solo en lo que va de 2013 se rescataron 436 personas.
Fuente: Infojus Noticias.
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